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La cárcel de Devoto, que funcionó durante casi un siglo en la Ciudad de Buenos Aires, comenzó su cuenta regresiva. Hace una semana empezó el traslado de los cerca de 1500 presos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, a unos 48 kilómetros, un proceso que podría completarse a principios de 2027.
El predio, de más de 48.600 metros cuadrados en el corazón de Villa Devoto, entre las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano, tendrá otro destino una vez que cierre el penal. El proyecto prevé que la mayor parte se convierta en espacio público y el resto en viviendas, aunque también se planteó la posibilidad de sumar desarrollos inmobiliarios y comercios.
Las bases de esa transformación se fijaron en un convenio firmado en 2018 entre la Nación, entonces a cargo de Mauricio Macri, y la Ciudad, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. Pero la salida de los últimos presos no habilitará automáticamente las obras: el terreno sigue siendo del Estado nacional y habrá que avanzar con distintas decisiones administrativas y legales. Uno de los pasos centrales será la rezonificación del predio, que deberá debatir la Legislatura porteña después del cierre definitivo.
El convenio también establece que la Ciudad, que invirtió en la construcción del nuevo penal de Marcos Paz, podrá recuperar ese dinero mediante un mecanismo de «compensación económica e inmobiliaria», aunque todavía no se definió cómo funcionará ni cuánto podría recuperar.
El proceso tomó impulso a principios de octubre, cuando funcionarios nacionales y porteños firmaron el acta de recepción provisoria del complejo de Marcos Paz. Participaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre otros. Para organizar el operativo, Seguridad creó un comando unificado integrado por el Servicio Penitenciario Federal y las fuerzas federales.
Los primeros traslados se concretaron el domingo pasado y continúan de manera gradual. Después de años de anuncios y postergaciones, la mudanza marca el principio del fin de uno de los penales más emblemáticos del país, aunque el futuro del terreno y los plazos de su transformación todavía dependen de decisiones políticas.
